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Un proyecto de ley que establece la figura del vandalismo rural y endurece las penas correspondientes avanza en el Congreso nacional, con el respaldo de entidades del sector agropecuario y diversos bloques políticos.
En una sesión informativa realizada ayer en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, representantes de la Mesa de Enlace expresaron su apoyo a la iniciativa elaborada por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y promovida por el legislador y presidente de la Comisión, Martín Ardohain. Además, la propuesta contó con el aval de diputados de distintos bloques, incluyendo Unión por la Patria (UxP).
Por Federación Agraria Argentina (FAA) participó su vicepresidente, Claudio Angeleri; por Sociedad Rural Argentina (SRA), la vicepresidenta segunda, Eloisa Frederking; por Coninagro, su presidente, Lucas Magnano; y por CRA, César Guatti.
El proyecto crea la figura de intrusión rural, estableciendo penas de entre un mes y un año de prisión para quienes ingresen sin autorización a predios delimitados por alambrados, tranqueras o carteles de exclusión. Este punto, valorado por el sector, permitirá que las fuerzas de seguridad actúen ante episodios como el merodeo nocturno, la caza furtiva o el reconocimiento previo a delitos, sin necesidad de esperar a que se produzca el delito consumado.
Asimismo, la iniciativa introduce la figura de daño agravado, con penas de dos a ocho años de prisión y multas equivalentes de tres a doce veces el valor del daño causado. Se incorporan expresamente como bienes protegidos sistemas de riego, paneles solares, silos y alambrados. La pena mínima se duplica si el autor es un funcionario público o una persona vinculada habitualmente a la actividad agropecuaria.
Desde la Fundación Barbechando destacaron que actualmente “dañar un silo bolsa cargado con toneladas de granos, con el consiguiente impacto económico, puede recibir el mismo tratamiento penal que un simple rayón a un automóvil”. Además, señalaron que la afectación real de estos delitos no se mide solo por el valor de reposición de un bien, sino por su función dentro del sistema productivo.
Como ejemplo, desde la Fundación mencionaron el daño a una bomba de agua, que puede comprometer el acceso al recurso de un rodeo completo —una vaca de cría puede necesitar entre 50 y 70 litros diarios en verano—, generando consecuencias graves para la producción.
El proyecto también actualiza el delito de instigación pública, elevando la pena a entre dos y seis años de prisión para quienes inciten a cometer estos delitos, con una multiplicación por tres de la pena si la incitación se difunde mediante redes sociales o medios de comunicación masiva. Desde el sector, resaltaron la importancia de esta actualización “en un contexto donde la organización de hechos delictivos rurales encuentra en las plataformas digitales un canal de amplificación cada vez más determinante”.
La sesión informativa constituye un paso previo para la discusión de un dictamen en comisión. Las entidades involucradas se muestran confiadas en que se logrará el consenso necesario, dado que todos los integrantes del cuerpo manifestaron su apoyo. De obtenerse el dictamen, el proyecto avanzará para ser debatido en el recinto.
