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El Gobierno analiza medidas para afrontar la creciente morosidad que afecta a casi seis millones de personas. En la mesa de decisiones se estudia la posibilidad de implementar una mayor transparencia para los deudores, con el fin de que conozcan el costo real de los créditos, que pueden alcanzar tasas anuales de hasta el 250% y un costo financiero total superior al 1.000% en algunos casos.
El tema fue abordado en la reunión de gabinete presidida este lunes por Javier Milei, la primera que conduce tras 45 días desde su regreso a la Casa Rosada. En ese encuentro, los funcionarios destacaron una desaceleración en la tasa de morosidad. Según datos del Banco Central, en junio la morosidad de las familias fue del 12,8%, igual que en mayo, aunque con diferencias por sector: disminuyó en las tarjetas, pero aumentó en los préstamos personales y prendarios.
Durante la reunión se repasaron las medidas adoptadas, entre ellas la refinanciación a 10 años ofrecida por el Banco Nación con una tasa anual del 31% para sus clientes, cifra inferior al 64% promedio de los préstamos personales. Este plan fue presentado como un modelo para extender al resto del sistema crediticio. El ministro de Economía, Luis Caputo, difundió esta iniciativa en diversos medios, pero dentro del Gabinete reconocen que se necesita una mayor publicidad.
Según EcoGo, los bancos refinanciaron deudas a 360.000 personas, lo que representa el 5,6% del total de morosos. Los préstamos más voluminosos corresponden a esta entidad, mientras que la morosidad es más alta en fintech, casas de préstamos rápidos y comercios de electrodomésticos. En la reunión, se reiteró que “no hay una crisis” y predominó la postura de “no refinanciar a los 47 millones” de personas, una medida que el presidente Milei consideró “injusta e inmoral”.
El oficialismo se opone a los proyectos de la oposición en el Congreso que buscan regular las tasas y otorgar facilidades de pago de hasta 36 meses. Para el presidente, estas propuestas son “soluciones paternalistas”, aunque en el gobierno reconocen que falta información. En ese contexto, se propuso transparentar el financiamiento, discriminando impuestos y mostrando de forma clara el Costo Financiero Total (CFT).
La publicidad de tasas y CFT ya está regulada por la Ley de Defensa del Consumidor, la Ley de Tarjetas de Crédito y las normativas del Banco Central, pero persisten quejas. “Discutimos sobre transparencia; la idea es que la gente sepa exactamente cuánto va a pagar. Hoy te enganchan sin aclararte nada, tomás un crédito con una tasa del 50% y terminás pagando el 250%”, explicó una fuente presente en la reunión.
Desde el Ministerio de Economía no confirmaron ni rechazaron la información, mientras que fuentes del Banco Central indicaron que “siempre” evalúan medidas para mejorar la publicidad financiera. La obligación de informar los costos aplica a bancos y fintech, aunque en el sector aseguran que nunca se ha registrado una sanción o sumario por incumplimientos en este sentido.
Por normativa, los créditos deben expresar las tasas de forma comparable. Por ejemplo, un préstamo personal de $100.000 con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 60% implica una tasa mensual del 5%. Si los intereses se capitalizan mes a mes durante un año, la Tasa Efectiva Anual (TEA) es del 79,6%. Al sumarse seguros, gastos e IVA, el Costo Financiero Total Efectivo Anual (CFTEA) puede ser considerablemente mayor.
El interés por la transparencia cobró relevancia tras la conferencia en la que Luis Caputo admitió la existencia de tasas “abusivas”. Esta inquietud coincide con campañas en redes sociales que reclaman educación financiera —impulsadas hace tiempo por fintech— y las quejas de usuarios ante funcionarios por la falta de información clara en una de las principales billeteras digitales.
Marcos Galperín, fundador de Mercado Pago, participó del debate en redes sociales y cuestionó la validez de la TEA, calificándola de “falsa” y proponiendo su eliminación porque obliga a capitalizar anualmente préstamos de corta duración. Además, retuiteó un mensaje de un funcionario oficialista que acusó al Banco Provincia de cobrar una tasa superior a la de su billetera. Por su parte, Axel Kicillof anunció que investigará las tasas aplicadas por fintech con posibles multas millonarias.
Según datos revelados por Clarín, la Subsecretaría de Defensa del Consumidor de la Nación, dependiente del Ministerio de Economía, registró 200 reclamos durante el primer semestre por tasas excesivas, hostigamiento a usuarios y falta de información relevante. Entre las faltas se incluyen la omisión deliberada del CFT, información confusa y la ausencia de entrega de contratos o documentación.
Dentro del gobierno persiste una disputa histórica entre bancos y billeteras virtuales. El último episodio ocurrió en noviembre pasado, cuando el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, propuso en la reforma laboral un artículo para que las fintech acrediten las cuentas sueldo, iniciativa que fue vetada por Caputo y Patricia Bullrich tras presiones de los bancos.
La inclusión del tema de la morosidad en la agenda del gabinete, en niveles récord desde 2001, refleja la creciente importancia que ha adquirido. De acuerdo con un informe de GMA Capital que cruzó datos electorales y de morosidad, el 12,6% de los votantes de La Libertad Avanza en las legislativas de 2025 se encuentra en situación de
